La batalla por prohibir cárceles privadas en California se inició desde el 2019 cuando los legisladores de California votaron para hacer efectiva la ley AB 32 (Assembly Bill 32). Por ser considerada única en su clase y por ser beneficiosa para inmigrantes ha causado múltiples demandas desde antes que entrara en vigor.
Una de las corporaciones que demando a la AB 32 semanas antes que fuera aprobada fue el Grupo GEO cuyo vocero llamo la ley, “claro intento del estado para anular los esfuerzos de detención del gobierno federal dentro de las fronteras de California.”
Semanas antes de entrar en efecto la AB 32 grupo GEO, CoreCivic y Management and Training Corp.- firmaron contratos por $6.5 billones y con duración de 15 años más dos extensiones de 5 años, terminando en 2034.
Preocupada por la apresurada obtención de los contratos, la entonces Senadora de Estados Unidos Kamala Harris se unió a legisladores y escribieron al Departamento de la Defensa Nacional (DHS por sus siglas en español) y a los oficiales ICE. “Es un aparente atentado para debilitar el espíritu de la nueva ley antes de fecha efectiva de Enero 1, 2020.” Dijo Harris. Reporto Los Ángeles Times
También la administración de Trump demandó en contra de la ley que prohíbe nuevos contratos por lucro y termina los existentes por completo para 2028.
Mientras a favor, un juez del Distrito de San Diego expresó California protege el bienestar y salud de detenidos federales en su territorio y en desacuerdo GEO apeló esa decisión. Juntamente, abogados de la administración de Biden presionaron a los jueces del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones a revocar la ley.
Más por causa del virus COVID-19 y la orden de jueces federales por liberar detenidos y parar transferencias, algunas cárceles están casi vacías. Por ejemplo en Mesa Verde en Bakersfield quedaron solo 30 detenidos, cuando la capacidad es 400. También en Adelanto, cerca de San Bernardino con capacidad de 2,000 reos, solo quedaron 130.
Procurando llenar las instalaciones, el abogado de GEO notifico la corte en Junio 3, que por la vacunación en Adelanto ya era seguro retornar a capacidad como antes de la pandemia. “Como GEO es compensado por el uso y la operación de las instalaciones de Adelanto, las restricciones de capacidad en Adelanto afectan directamente los intereses económicos de GEO,” escribió Raymond Cardozo, abogado del Grupo GEO.
También, el vocero de la compañía, Pablo Páez aseguró que el Grupo GEO no interviene en las decisiones de ICE. “Nosotros rechazamos fuertemente la caracterización que GEO está buscando repoblar cualquiera de los centros de procesamiento de ICE que operamos en nombre del gobierno federal,” dijo Páez. “Nuestros documentos archivados en la corte exclusivamente buscan que las restricciones operacionales en relación con COVID, igualen y reflejen los datos más recientes de la vacunación contra COVID y el número de casos y las medidas de mitigación implementadas en nuestras instalaciones.”
El Grupo GEO administra 5 centros de detención de inmigración, de 7 que son obligados a cerrar en California.
La batalla por la AB 32 es continua. El Grupo GEO asegura que por causa de la AB 32 perdería de $ 250 millones al año en ingresos por los próximos 15 años, además de los $ 300 millones invertidos and adquirir y acondicionar los edificios.
Además, ICE solo operaria y podría detener individuos en Yuma, con capacidad de 220 insistiendo que tendrían que mover detenidos fuera de California afectando a familiares, abogados más los que apoyan la ley dicen que ICE debería utilizar monitores electrónicos.
“La indiferencia de la administración de Biden por el asunto de detención de emigrantes, se personificó por su decisión de aliarse con compañías que administran prisiones privadas en la contienda de la AB 32, sobreponiendo ganancias sobre vidas humanas,” dijo Hamid Yazdan-Panah, director de apoyo de Immigrant Defense Advocates. Reporto Los Ángeles Times
El abogado Mark Stern, del Departamento de Justicia de EE.UU. llamó la ley insolente y dijo “No hemos tenido ningún caso que haya mantenido una restricción que sea remotamente como esta,” prohibir prisiones privadas impide al gobierno federal “hacer lo que es necesario para ejecutar sus obligaciones” dijo Stern.
Más los partidarios de AB 32 alegan que la ley federal no autoriza a ICE a contratar compañías privadas, añadiendo que el Congreso nunca autorizo contratos a compañías privadas para operaciones de detención. “Esta falta de autorización ha estado oculta a simple vista por años, pero las demandas sobre AB 32 ha traído el asunto a la superficie,” dijo Jordan Wells, abogado de la Unión de Libertades Civiles Americanas (American Civil Liberties Union of Southern California).
Wells también asegura que el Acta de Inmigración y Nacionalidad autoriza a ICE a contratar operaciones de detención con gobiernos estatales y locales incluyendo “entidades privadas.” Desmintiendo el argumento Stern dice que si hubiera habido alguna duda, el Congreso nunca lo hubiera financiado.
Hay leyes como la AB 32 en otros estados como en Illinois que detuvo la construcción de un centro de detención para emigrantes con capacidad de 1,300 en el 2019. Igualmente, en Abril, el gobernador de Washington forzó la clausura de un centro de inmigración con fines de lucro con 1,575 camas, más el Grupo GEO demandó al estado.
Es un hecho que la AB 32 no extirpa las prisiones privadas de California, pues como ejemplo esta la Correccional en California City en el Condado de Kern. Esas instalaciones, con 2,300 camas, son propiedad de CoreCivic y no fueron afectadas, precisamente porque el estado administra la prisión.
Apoyando la ley Gabrielle Boutin, Abogada General Suplente de California, dice la ley es para proteger Californianos “Estas cárceles crean amenazas a la salud y el bienestar de los detenidos,” dijo ella. “Hay un registro bién-documentado de eso.”
La Jueza Bridget S. Bade, nombrada por Trump, apoyo la ley. Y aunque Boutin declaró diferencias en el significado legal de los crímenes y las estadísticas se salud y violaciones de seguridad, la jueza aparento no conmoverse con la explicación de Boutin. Reportó Andrea Castillo para Los Ángeles Times
Debido a pérdidas financieras, Grupo GEO fue demandado por sus propios inversionistas debido a las deficiencias administrativas. Acción que ocasionó riesgos de salud serios, en referencia a COVID-19, a residentes, además de dañar la reputación y estabilidad financiera de la compañía al dar reportes públicos engañosos.
Los Ángeles Times por Andrea Castillo
