Son víctimas y sobrevivientes de crímenes, quienes pueden ser afectadas por la estrategias anti-inmigrante por parte del Departamento de Justicia, al recortar $212 millones en fondos, según reportó la Oficina del Fiscal General de Nueva York el 18 de agosto.

Letitia James Fiscal General del estado, se unió a una demanda junto con 20 abogados más en contra del DOJ, dicha demanda está en contra del bloqueo de fondos designados bajo el Decreto Victimas de Crimines; “The Victim of Crime Act” VOCA por su siglas en inglés.

Bajo este Decreto el congreso estadounidense había aprobado fondos anualmente, otorgando más de un billón de dólares en subsidios a los 50 estados de la nación. Estos fondos son destinados a las/os sobrevivientes, para cubrir gastos que van desde servicios médicos, consejería, refugios, y compensación por perdidas de salarios.

También impide que las víctimas y sus familiares participen en todo el proceso del sistema justicia criminal.  DOJ está forzando y excluyendo a los estados que no están colaborando con el gobierno federal; en empeñar las ejecuciones emigratoria contra personas ilegales en el país.

“El gobierno federal está tratando de usar los fondos otorgados a los sobreviviente para poder negociar como moneda de cambio, forzando a los estados en hacer cumplir leyes inmigratorias,” dijo la Fiscal General James. “Estos servicios fueron creados para ayudar a sobrevivientes, al alivio y recuperación, nosotros vamos a pelear asegurándonos de que ellos continúen en sirviendo ese propósito. Los residentes de NY merecen un sistema de justicia que ponga su seguridad primero. No seremos intimidados a abandonar a ninguno de nuestros residentes”.

Según el reporte, bajo los nuevo requisitos inmigratorias de parte del DOJ, la orden VOCA será recortado a cualquier estado que se niegue darle a la Oficina de Inmigración y Aduanas ICE entradas sin restricción a instalaciones, que no proporcione información, fechas de liberación y/o respetar todas las peticiones civiles inmigratorias.

La Fiscal General, resaltó que estos requisitos están directamente en conflicto con las pólizas de su estado. De la misma manera, otros estados están garantizando la seguridad de víctimas y testigos para que puedan reportar crímenes sin temor a ser deportados.

El Congreso público promulgo la ley VOCA alrededor de 40 años atrás, dirigiéndose al abandono de los sobrevivientes de crímenes, y financiando programas de asistencia. Estos fondos federales fueron otorgadas estrictamente para respaldar programas de compensación y asistencia directa a sobrevivientes, incluyendo servicios de apoyo a casos de crisis emocionales, emergencias médicas, exámenes forenses en asaltos sexuales, gastos funerales y servicios en sepelios, además ayuda en albergues de emergencias.

La fiscal James argumenta que VOCA sigue siendo un programa crucial, suministrando tratamiento a víctimas de crímenes serios, dándoles ayuda en sus recuperación. Estos servicios son necesarios después de los traumas psicológicos después de sufrir actos criminales.

Los estados anualmente se benefician al ayudar a aproximadamente 10 millones de víctimas cada año. En el 2025, casi $1,4 billones de dólares estuvieron disponible para todos los estados. DOJ está tratando  fuertemente atacar a los estados para que abandonen estos contratos, manipulado fondos críticos para las sobrevivientes y violando los principios de la constitución.