El Fiscal General de Alabama Steve Marshall, expresó en una conferencia de prensa, que el Estado está preparado para desafiar el fallo de la Corte Suprema quien declara la pena capital como “inconstitucional”. De acuerdo a un artículo publicado por The Alabama Reflector escrito por Brian Lyman. 

Según el artículo, el autor describe que crímenes horrendos conducen a crear leyes más duras para asegurar que esos crímenes no vuelvan a ocurrir. Sin embargo la Corte Suprema en 2008 declaró la pena de muerte “inconstitucional”, para crímenes que no resulte en la muerte de la o las víctimas.

En el artículo Lyman da un ejemplo; como ocurrió en 2018, después de una falla en el Sistema de Justicia Criminal en Alabama, la cual condujo a la liberación errónea de un individuo, el cual más adelante asesino a tres personas, incluyendo a un niño de siete años, durante una serie de robos en Guntersville, Al. 

El Gob. Kay Ivey y el Fiscal General Marshall, hizo un llamado para cambios drásticos al sistema de libertad condicional. Enseguida, los empleados de la Junta de Libertad Condicional JLC e Indultos, era mayormente personas en duda hacia los prisioneros. Como resultado, el número de reos en libertad condicional cayó.

También añade, que la JLC produjo docenas de crueles y ridículas decisiones, como negarle la libertad condicional a un reo paralítico. Sin embargo estos mismos miembros se están volviendo más flexibles en sus decisiones.

El republicano Matt Simpson y la Rep. Daphne, ex fiscal en casos de abuso sexual a niños, reintrodujo una propuesta de ley presentada el año pasado, que impondría la pena de muerte a aquellos convictos de asalto sexual a niños menores de 12 años. Según Simpson y sus seguidores quienes apoyan la propuesta, describen esos delitos de abuso sexual como una atrocidad. 

En el condado Bibb, Al., las autoridades presentaron cargos a siete personas acusadas de operar una red de tráfico sexual de menores, incluyendo victimas de entre tres a 15 años.

Simpson y sus seguidores quieren anular la decisión de la Corte Suprema en el caso de Kennedy vs Luisiana, donde se prohibió la pena capital por violación de niños, en ese caso la corte voto cinco a cuatro, anulando la sentencia de pena de muerte para un hombre convicto por violar brutalmente a su hijastra de ocho años.

Sin embargo, Kennedy advirtió que el perseguir la pena de muerte, significaba que la víctima ― en este caso una niña ―, aparte del trauma vivido, tendría además que describir su dolorosa experiencia, primero con las fuerzas de ley y después en un juicio público, especialmente cuando la resolución conlleva varios procesos judiciales.

En el artículo Kennedy también menciono las preocupaciones de las organizaciones de trabajo social, sobre el abuso de niños muchas veces no reportado, debido al temor de acusar a un miembro de la familia. Imponer la pena de muerte podría hacer aún más difícil el reportar el crimen.

Acorde al artículo, la pena de muerte no es un freno ante el crimen. Alabama acelero la pena capital en años recientes. En comparación de otros Estados del país, seis personas murieron en la cámara de muerte en Atmore, Al., en 2024.

Alabama cuenta con altos índices de homicidios en la nación, en 2022, más de 700 personas murieron por homicidio, un porcentaje de 14.9 por cada 100,000, el cuarto más alto en el país. 

Según Lyman,“Los detalles son difíciles de procesar, cualquier convicto de estos crímenes deberían estar encerrados y nunca salir de prisión”, agregó que entiende el deseo de la población de someter a los culpables de estos horribles actos a los castigos más severos.

El editor expone las siguientes preguntas: ¿Vale la pena exponer a la víctima, a ese trauma otra vez? ¿Vale la pena poner en riesgo, el reportar el abuso a niños? y; poner a victimas potencialmente en mayor peligro.

“Cualquier convicto de asalto sexual a niños ,debería ser encarcelado de por vida. Pero no dejemos que nuestro coraje supere al bienestar de las víctimas. Si lo hacemos, esto podría traer resultados horribles, sin darnos cuenta”, concluyo Lyman.