Según los registros del CDCR, entre 1893 y 2006, el estado de California ejecutó a 513 personas mediante el uso del ahorcamiento, gas o inyección letal.

El gobernador Gavin Newsom ordenó la suspensión de la pena de muerte y el desmantelamiento de la cámara de ejecución. La ultima ejecución por inyección letal fue Clarence Ray, fue la última persona ejecutada en enero 17, 2006, 18 minutos después de recibir la inyección letal a las 12:38 am el hombre fue declarado muerto.  

San Quentin abrió sus puertas en 1852, convirtiéndose en la única prisión del estado de California, con prisioneros de ambos sexos condenados a la pena de muerte.

La última vez que la población de condenados a muerte en California, según los registros del “Corredor de la Muerte” de EE.UU., Death Row U.S.A. DRUSA fue inferior a 600 personas.

En el año 2000, la población alcanzo un máximo de 743 a mediados de 2010 y desde ese momento ha disminuido significativamente, a aproximadamente 150 personas [%20], desde que el Gobernador Newsom asumió el cargo en 2019 e impuso una moratoria de las ejecuciones. Desde el 2022 al menos 70 personas han sido sentenciadas nuevamente o han muerto.

Después de 28 años encarcelado, en el 2019 Avelino Manríquez de 70 años, que fuera condenado a muerte y sobrevivió en silencio por tres décadas en el corredor de la muerte, finalmente obtuvo una moratoria a su ejecución. “Allí pase treinta años con la muerte en la espalda”, dijo Manríquez.

Manríquez a sus 34 años fue arrestado y después sentenciado por múltiples cargos de asesinato en primer grado, fue trasladado a la prisión en autobús, donde expreso que se sentía como ir de camino al matadero, pensando que pronto sería ejecutado, luego encontró en un pequeño grupo de personas de habla hispana el apoyo como el de una familia. En su celda de 10 pies de largo por cuatro pies de ancho, pasaba 20 horas al día aislado.

Después Manríquez sin saber sus derechos legales, se enteró por su abogado que no podría ser ejecutado hasta que agotaran todos sus recursos legales. en donde en el 2019, encontró esperanza en la moratoria impuesta. “Dios ha sido tan bueno conmigo que me ha concedido lo que le he pedido”, expresó Manríquez.

“La pena de muerte es absoluta. Es inseparable en caso de error humano. En California se han condenado a muerte a personas inocentes. Desde 1973, 164 presos condenados a muerte en todo el país incluidos cinco en California, han sido liberados del corredor de la muerte después que se determinó que habían sido condenados injustamente”, dijo Kelly M. Grow del Departamento Recursos de Agua de California. 

La historia de Manríquez, no es algo nuevo, sin embargo, desde 1856 hasta 1933 San Quentin a forzado la pena de muerta indiscriminadamente.

En 1906 Emma LeDoux fue la primera mujer sentencia a la pena de muerte en California por el asesinato de su esposo, y condenada al pabellón de la muerte. 

“El asesinato intencional de otra persona es incorrecto y como gobernador no supervisare la ejecución de ningún individuo ,” dijo Newsom. “Nuestro sistema de pena de muerte, ha sido un fracaso en todos sentidos; discrimina a los acusados con enfermedades mentales que no pueden costear una defensa legales costosas”.

Al menos 18 de las 25 personas ejecutadas en los EE. UU., en 2018 mostraron una o más de las siguientes discapacidades: signos significativos de enfermedad mental, signos de daño cerebral, trauma infantil severo, negligencia o abuzo, reportó M. Grow.

Sin embargo, hay 25 condenados a muerte que han agotado todas sus apelaciones estatales y federales y son elegibles para una fecha de ejecución.

Newsom ha comentado que la pena de muerte no ha proporcionado ningún beneficio de seguridad pública, desperdiciado miles de millones de dólares de los contribuyentes.

Los abogados que representaban a los condenados a muerte han tenido éxito durante la administración de Gobernador Newsom. Más de cien personas condenados a muerte han sido sentenciadas nuevamente de Acuerdo con DRUSA.

El Sr Manríquez fue uno de ellos en septiembre 2023 su sentencia de pena de muerte fue conmutada por 110 años pero con posibilidad de libertad condicional.

— Edwin E. Chavez, Escritor contribuyente