La muerte de 87 personas en tres días, obliga al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a declarar estado de emergencia como una medida drástica para detener la ola de violencia de las Maras, informó the guardian.org
El 27 de marzo Bukele ordenó redadas masivas como parte de los 30 días de estado de emergencia. Las Maras, pandilla salvadoreña mejor conocida como Mara Salvatrucha o MS-13, fue el objetivo primordial de estas redadas donde 6,000 personas fueron arrestadas, incluyendo mujeres, hombres, y niños.
A pesar que la policía afirmó haber capturado a los líderes de la MS-13 que ordenaron los asesinatos, “personas inocentes que viven o trabajan en las áreas dominadas por las “Maras” han sido arrestadas injustamente.” Bukele comentó que todos estos detenidos son miembros de “las Maras” y no serán liberados. según el artículo.
La señora Carmen Rodríguez dijo, “No sé porque mi esposo, hermano y sobrino fueron arrestados hace una semana mientras descargaban ropa de segunda mano para vender en el mercado principal de la cuidad en una esquina reconocida para vendedores.” Ella añadió, “Se están llevando a los honrados por los pecadores y lo que es peor es que los estan tratando como animales, refiriéndose a la policía.”
El estado de emergencia suspende los derechos constitucionales, como asumir la inocencia hasta ser comprobado culpable. Esto significa que el gobierno puede detener a los arrestados hasta 15 días, sin acceso a abogados defensores y sin permitir que el fiscal presente sus casos ante un juez. Como parte de este mandato, la policía tiene derecho a registrar e investigar mensajes de teléfonos celulares, según el artículo.
Astrid Valencia, investigadora centroamericana en Amnistía Internacional comentó su preocupación, por las medidas que detienen los elementos fundamentales del proceso legal, asimismo por los discursos agresivos del Presidente Bukele, lo cual mancha y ataca a los defensores de los derechos humanos y otras organizaciones, según el artículo.
“Los detenidos han perdido el derecho de la defensa y les quitaron el derecho de saber por qué son arrestados,” dijo Zaira Navas, una abogada de los derechos humanos en El Salvador conocido como Cristosal. Los detenidos fueron llevados a la base naval ubicada en la capital, San Salvador, donde madres y esposas angustiadas se reunieron para saber qué pasaría con sus seres queridos.
Rosa López recuerda como la policía se metió a la fuerza en su casa de Santa Tecla, en La Libertad, arrestando a su primo de 20 años quien tiene problemas del corazón. “La policía no pregunto nada, solo entraron y se lo llevaron,” dijo López de 26 años, “Ellos estaban locos ese día y capturaron a todos”.
El impacto de esta medida ha afectado a los albañiles y trabajadores independientes quienes se sienten “encerrados como prisioneros.” Una señora de 35 años, quien no quiso ser identificada, dijo, “Por fortuna, yo tengo empleo formal y mi patrón me escribió una carta para ir a trabajar”, pero no puedo salir a comprar después del trabajo.
Los residentes de Santa Tecla se sienten encarcelados en su propia vecindad. No tienen La Libertad de salir y entrar de sus comunidades sin que sean registrados por militares, fuertemente armados con AK-47’s. Los militares registran todos los vehículos que salen y entran al barrio, pidiendo tarjeta de identidad que comprueben sus residencias en el barrio. Los que son sospechosos, temporalmente son despojados de sus ropas mientras los militares investigan si tienen tatuajes relacionados con “las Maras”, dijo el reporte.
La guerra contra el crimen y “las Maras” ha llegado hasta las puertas de la Asamblea Nacional del país, controlada por aliados de Bukele, quienes aprobaron una ley que aumenta las sentencias hacia delincuentes menores de edad y permite a la fiscalía detener a pandilleros sospechosos indeterminadamente mientras esperan una acción judicial.
En medio de esta discordia el presidente anuncio en Twitter que la comida para los nuevos reclusos, refiriéndose a los “mareros”, será escasa. Él no estaba dispuesto a recortar el presupuesto de la educación para darle de comer a terroristas, reportaron, Avelar y Lakhani.
Durante su tiempo como Alcalde de la ciudad de San Salvador, Bukele supuestamente apoyaba la prevención del crimen por medio del apoyo de la sociedad y programas de rehabilitación para las pandillas, sin embargo, al ser electo presidente en su país, ha vuelto a la misma ideología de “mano dura” implementada por los gobiernos anteriores. Al mismo tiempo negocia secretamente la paz con los cabecillas de “las Maras”, de acuerdo a los Estados Unidos, concluyó el reporte.
Este pequeño país no solo ha sido invadido por “las Maras” y el crimen organizado, sus prisiones también están repletas de reclusos quienes son de “las Maras”. Antes de esta masiva ola de arrestos, el sistema carcelario ya era uno de los más grande del mundo, con un 25% de detenidos esperando la acción judicial en la cortes.
—Editado por Tare Beltranchuc
