La agrupación EQUIS que se enfoca en la justicia para las mujeres y que es una organización feminista a favor de los derechos humanos de mujeres prisioneras en México publica información de la situación actual de las mujeres en prisiones mexicanas, escribe Primavera Díaz, Noticias ONU.
La codirectora de EQUIS Isabel Erreguerena en su entrevista con Noticias ONU explica cómo su organización se dio cuenta que desde 2014 más del 50% de las mujeres encarceladas tienen cargos por delitos contra la salud pública, es decir, el delito de posesión de drogas, aún en un mínimo exceso.
Según la ‘Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad’ [ENPOL] realizada en México, el 21% de las mujeres detenidas por el Ejército Nacional Mexicano fueron sexualmente agredidas y el 41% de las capturadas por la Marina Nacional sufrieron las mismas violaciones.
Además de las trasgresiones mencionadas, el 48% de ellas declararon que fueron víctimas de tortura y reportaron haber sufrido agresiones físicas aún antes de ser presentadas frente al Ministerio Publico donde se hacen las denuncias.
En el caso de las torturas, los estados más mencionados son Aguascalientes, Colima, el Estado de México, y Michoacán, reporta Díaz para Noticias ONU.
Las normas dirigidas a la comisión carcelaria incluyen la prohibición total de la tortura y los maltratos crueles, especificando las limitaciones para la reclusión aislada.
“En la parte cualitativa entrevistamos a mujeres de Oaxaca y de la Ciudad de México, y …todas habían sido torturadas sexualmente, sin excepción”, explicó la codirectora de EQUIS.
Entre las normas de protección hacia las mujeres ultrajadas se incluye protección hacia su integridad física, atención de la salud y consejo legal profesional. También se enfatiza que durante el proceso de registro se debe considerar la dignidad de las acusadas, estipulando que el proceso sea llevado a cabo por personal femenino entrenado para ese delicado trabajo.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito [UNODC] creó una guía que afirma que el sistema carcelario debe crear programas de rehabilitación para reforzar más efectivamente la integración social de las personas liberadas. Eso incluye darles documentos de identidad a las mujeres liberadas.
“Normalmente es un rollo burocrático que no te den una identificación, lo que hace difícil rentar algo o conseguir un trabajo. Después el famoso tema de antecedentes penales que, aunque esté prohibido, lo siguen pidiendo”, dice Erreguerena. Ella afirma que en México casi no existen programas de reinserción social.
A las mujeres embarazadas se les debe dar otras alternativas a la encarcelación, como trabajos comunitarios y tratamiento de abstinencia de drogas.
Hay mucho que hacer para darles justicia y un futuro mejor a las mujeres encarceladas en México.