La mayoría de fiscales en California, cuarenta y cuatro de los 58 demandan al estado sobre las reglas de buena conducta en las prisiones que pudiera liberar a miles de prisioneros, según el periódico Associated Press.
La Secretaria de correcciones Kathleen Allison uso la declaración de emergencia para expandir las reglas que dan créditos de buena conducta. Las reglas nuevas darían la oportunidad a 76,000 prisioneros de acumular créditos para reducir sus sentencias, reporto Don Thompson.
La demanda alega que el uso de la declaración de emergencia evita el proceso público de comentarios y regulaciones que usualmente se usa. La demanda pide a un juez de la corte Superior del condado de Sacramento que excluya las regulaciones e impida al departamento de corrección conceder cualquier crédito de buena conducta hasta que haiga pasado por el proceso regular, reporto el artículo.
Aunque la ley tomo efecto Mayo 1, 2021 los prisioneros tardarían meses o años para actualmente acumular suficientes créditos para poder reducir sus sentencias. La demanda contiende que “No hay una emergencia actual, y no pueden satisfacer los requisitos de emergencia”, según el artículo.
Las reglas afectan a 63,000 mil presos convictos por crímenes violentos, permitiéndoles prospectivamente a servir dos tercios de sus sentencias en vez de 80%. Y a 10,000 prisioneros convictos de crímenes de un segundo crimen serio, pero no violento y a casi 2,900 con su tercer crimen no violento ‘third strikers’ (convicto de tercercrimen que reciben sentencia de cadena perpetua) que serán elegibles para ser liberados después de servir dos tercios de sus sentencias en vez de 80%, según el artículo. Prisioneros de mínima seguridad en campos de trabajo y prisioneros que trabajan de bomberos serán elegibles bajo las nuevas reglas de obtener un mes antes de su libertad por cada mes que estén en el campo de trabajo.
Los fiscales alegan en su demanda que la única emergencia fue el deseo del departamento de correcciones de seguir “(La) dirección del resumen de presupuestos del gobernador” del año anterior. “En ninguna parte de los documentos de apoyo, da una explicación que indique como el presupuesto de año pasado se convirtió en necesidad operacional para adoptar regulaciones en base de emergencia”, según la demanda.
El fiscal de Los Ángeles George Gascon y el fiscal de San Francisco Chesa Boudin, no fueron parte de la demanda. Al contrario ellos creen y apoyan los cambios en las sentencias criminales.
El Depto. de Correcciones dijo que, “archivo regulaciones para promover cambios en crédito de buen comportamiento, y siguió cada procedimiento y pólizas de la oficina de leyes administrativa”. Además que tenía la autoridad bajo la proposición 57 que los votantes aprobaron en el 2016, permitiendo a los prisioneros libertad condicional antes de tiempo, según el artículo.
En un comunicado el departamento de correcciones prometió que “continuar trabajando con sus socios a promover rehabilitación y contabilidad en una manera consistente con la seguridad pública”, según el Associated Press.
