La Oficina de Prisiones federales se vio afectada por un reporte publicado por la Prensa Asociada en la cual salió a la luz la corrupción en el sistema penitenciario federal.
El escrutinio aumentó cuando senadores de ambos lados del pasillo del Senado presentaron, la Ley Federal de Supervisión de Prisiones, escriben Michael R. Sisak y Michael Balsamo para la AP.
Dicho proyecto cuenta con el patrocinio de los senadores Jon Ossoff D-Ga., Mike Braun, R-Ind. y Dick Durbin, D-Ill., quienes son el trío fundador del Grupo de Trabajo de Política Penitenciaria Bipartidista del Senado, según Sisak y Balsamo.
Ellos presentaran el proyecto de ley un día antes de que Colette Peters, directora de la Oficina de Prisiones, testificara ante el Comité Judicial del Estado que preside Durbin, reporta AP.
“Mi investigación bipartidista de 10 meses sobre corrupción, abuso y mala conducta en el sistema penitenciario federal reveló una necesidad urgente de revisar la supervisión de las prisiones federales. Estoy reuniendo a demócratas y republicanos para acabar con la corrupción, fortalecer la seguridad pública y proteger los derechos civiles”, comentó Ossoff.
La Oficina de Prisiones se encontraba en medio de la agitación provocada por la información descubierta por la AP, cuando un grupo de investigadores presentó reclamaciones de abuso sexual, conductas criminales, escasez de empleados, escapes y fallecimientos dentro de las instalaciones, de acuerdo al artículo.
“Una investigación tras otra ha revelado una cultura de abuso…corrupción, tortura y muerte que llega a los niveles más altos … El resultado ha sido catastrófico tanto para las personas encarceladas como para el personal”, dijo el Senador Durbin (D-Ill).
Como parte primordial de la Ley de Supervisión de Prisiones Federales, es mandatorio que el Departamento de Justicia, por medio del inspector general efectúe un monitoreo de riesgo en las instalaciones de prisiones federales. Asimismo, que provea un plan correctivo de deficiencias, y evalué el nivel de riesgo cuantitativo, de acuerdo con el artículo.
Como consiguiente, de acuerdo con el proyecto de ley, el inspector general debe enviar información de sus investigaciones al Congreso y al público. A partir de ese momento la Oficina de Prisiones tendría un marco de 60 días para presentar un plan correctivo de deficiencias, redacta el reporte.
Las reformas como esta son patrocinadas por grupos involucrados en la política y la defensa de los reos como: ‘Families Against Mandatory Minimals’ (FAMM), La Unión Conservadora Estadounidense, y otros que promueven la prosperidad, reporta la Prensa Asociada.
“Las familias con seres queridos encarcelados durante años han pedido una mayor transparencia, seguridad y responsabilidad de nuestras prisiones federales”, dijo el presidente de FAMM, Kevin Ring. “El proyecto de ley bipartidista presentado hoy responde a sus llamados”.
Todavía en julio pasado, el senador demócrata Ossoff y el senador por Wisconsin, Ron Johnson, principal republicano del grupo de investigación, cuestionaron a Michael Carvajal, que entonces era el encargado de la Oficina de Prisiones y quien no acepta su responsabilidad frente a la corrupción y conducta negativa que ha infectado esa institución por años, escriben Michael R. Sisak y Michael Balsamo.
Michael Sperling prisionero en San Quentin, y entrevistado por SQNews, que ha estado en prisiones federales opina que estando ahí no experimentó corrupción alguna. “En cada prisión federal que he estado, fui tratado de acuerdo a como yo actuaba”, dice Sperling. “Yo me considero responsable por mis acciones y me siento responsable por mí mismo y mi conducta en prisión”.
