La demanda fue iniciada por los ex prisioneros reclamando violaciones a las leyes laborales
Una corte federal de apelaciones dictaminó el viernes que los emigrantes que fueron forzados a trabajar sin pago o con poco sueldo por limpiar los baños y la cocina y sacar la basura pueden demandar al principal administrador de esas prisiones. Todo eso se lleva a cabo mientras en California se espera la decisión final acerca de la legalidad de prohibir el encarcelamiento de inmigrantes en prisiones administradas por agencias privadas, reporta Bob Egelko para el San Francisco Chronicle.
La demanda pública (class action suit) fue presentada en 2017 por dos ex reos en prisiones de California que son propiedad de CoreCivic, la cual tiene contratos con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) para detener a inmigrantes mientras esperan sus audiencias de deportación, dice el artículo.
Aunque la corte dice que CoreCivic tiene 24 de esos contratos a lo largo de la nación, la compañía dijo el viernes que ahora sólo opera 13 centros de detención para ICE, incluyendo uno en California, localizado en La Mesa de Otay, en San Diego.
Normalmente, las reglas para las prisiones de ICE, indican que a los detenidos no se les debe requerir hacer ningún trabajo, excepto el higiene personal, como hacer su cama y mantener el piso limpio, y que deben ser remunerados $1 al día si toman parte en pro-gramas de trabajo voluntario, de acuerdo al artículo.
La demanda que fue iniciada por los ex-prisioneros en contra de CoreCivic, reclama violaciones de las leyes laborales de California y está en contra del tráfico humano.
Pero los prisioneros, de los cuales uno fue detenido desde el 2005 al 2015, dijeron como parte de la demanda que Core-Civic les obligaba a ellos y a otros, supuestamente en acuerdo a la póliza interna formal, a hacer limpieza general alrededor de la prisión por $1 al día y, en ocasiones sin ningún pago, según el reporte de Bob Egelko.
Ellos dije-ron que les ordenaron diariamente, “a levantar la basura, barrer, tra-pear, limpiar excusados, limpiar lavamanos, limpiar baños, lim-piar mueb-les” y hacer otros traba-jos, explicó el Noveno Distrito de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. en la decisión, permi-tiendo que el caso continuara como una demanda pública, de acuerdo con el San Francisco Chronicle.
Como castigo, aquellos que desobedecían la orden de lim-piar podrían ser enviados a confinamiento solitario, dije-ron los presos.
Ellos mostraron a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. un documento de parte del principal administrador de CoreCivic, en donde decía que tal póliza o práctica era de acuerdo con las compañías de prisiones de inmigración a nivel nacional.
Dichos reportes eran parte de las razones aprobadas por los legisladores de California (California Lawmakers) que el gobernador firmó e 2019 para terminar contratos estatales con prisiones privadas. En cuanto a los contratos en vigencia, continuarán hasta que se venzan o a más tardar para el año 2028, de acuerdo con el artículo en el San Francisco Chronicle.
Los autores de la medida dijeron que las condiciones en los centros de detención privados eran, frecuentemente peores que en las prisiones estatales y más difíciles para inspeccionar y regular, de acuerdo al San Francisco Chronicle.
En una demanda del Grupo GEO, otro contratista de prisiones privadas, el panel de abogados del Noveno Circuito votó 2-1 en octubre del 2021 que la ley del estado, como se aplica a prisiones de inmigración, interfiere con la autoridad federal para regular inmigración y para decidir dónde deben ser detenidos los inmigrantes, según el reporte.
Pero en abril 2022 una mayoría de los 29-miembros de la Corte de Apelaciones, decidió ignorar ese dictamen y ordenó una nueva audiencia ante un panel de 11 jueces, planeado para junio 21, 2022, reporta el artículo.
La demanda que fue iniciada en el 2017 por los ex prisioneros en contra de CoreCivic reclama violaciones de las leyes laborales de California, y está en contra del tráfico humano. Algunos demandan-tes han estado detenidos en California desde el 2006, y en otros centros de detención en otros estados desde diciembre del 2008, reporta El San Francisco Chronicle.
Defendiendo una decisión del juez federal del 2020 que permitió el caso a continuar como una demanda pública, la corte de apelaciones dictaminó, por votación de 3-0, el viernes que dos ex reos presentaron evidencia de que CoreCivic requirió que todos los prisioneros trabajaran bajo órdenes que estaban en conflicto con reglas de limpieza personal anunciadas por ICE.
Al pedírsele comentario, Ryan Gustin, un vocero de CoreCivic, dijo, “Todos los programas de trabajo en nuestros centros de detención son completamente voluntarios y llevados a cabo en completo cumplimiento con los estándares de ICE, incluyendo el pago mínimo federal establecido por trabajo voluntario de los detenidos.”
